Italia no ve el futuro de automoción en solo coches eléctricos
La Presidenta de Italia, Meloni, afirma que: "El futuro del automóvil no puede basarse solo en la electrificación"
En su más reciente intervención ante el Senato della Repubblica de Italia —con vistas a la próxima sesión del Consejo Europeo— la primera ministra Giorgia Meloni volvió a manifestar su oposición hacia el calendario establecido por la Comisión Europea que prohíbe la venta de automóviles nuevos con emisiones de CO₂ a partir de 2035. Meloni argumentó que “el futuro del automóvil no puede estar sustentado únicamente en la electrificación” y reclamó que se abra el camino también a “todos los combustibles sostenibles”, en particular los biocombustibles, que “deben permitirse después de 2035”.
La postura de Roma no es un gesto aislado: el Gobierno italiano ha venido insistiendo en la necesidad de fijar metas climáticas “realistas” para el sector de la automoción y en respetar un principio de «neutralidad tecnológica», es decir, no centrarse exclusivamente en los modelos eléctricos. En las comunicaciones parlamentarias vinculadas se hace hincapié en que la transición industrial no debe transformarse en un desmantelamiento del tejido productivo automovilístico.
Durante su cara a cara con Ursula von der Leyen en Bruselas, Meloni trasladó un mensaje claro: es urgente adoptar “intervenciones inmediatas en el sector del automóvil” y reducir el coste de la electricidad para no comprometer la competitividad industrial de Italia. Cabe recordar que la Comisión Europea ha adelantado al final de 2025 la revisión del reglamento que fija el 2035 como fecha para que todos los coches y furgonetas nuevos vendidos en la Unión Europea sean de emisiones cero —una norma aprobada en 2023 que, en la práctica, significa la clausura de los vehículos de motor de combustión convencionales.
Este debate no se limita únicamente al ámbito del Gobierno italiano. Países como Francia y España han defendido con firmeza la vigencia de la fecha 2035 como un faro dentro de la descarbonización del transporte, mientras que Italia y una parte significativa de la industria europea están empujando por una mayor flexibilidad. La petición es clara: abrir excepciones para tecnologías como los e‑fuels y los biocombustibles sostenibles, y permitir que convivan con la electrificación.
La presión del sector automovilístico europeo es muy relevante. La ACEA —la patronal de fabricantes de automóviles en Europa— y la patronal de proveedores han advertido que los objetivos definidos hasta ahora “ya no son viables” sin una segunda lectura normativa, y exigen que se reconozcan otros vectores de descarbonización además del vehículo 100 % eléctrico. Por ejemplo, responsables como Oliver Zipse (CEO de BMW Group) o Ola Källenius (CEO de Mercedes‑Benz Group) han calificado la prohibición para 2035 como “un gran error” y alertan de que Europa “podría estrellarse contra un muro” si mantiene el planteamiento sin adaptaciones.
En Alemania, el canciller Friedrich Merz también ha manifestado públicamente su apoyo a suavizar o incluso revocar el veto de 2035 para los vehículos nuevos con emisiones de CO₂. Bajo su liderazgo, Berlín ha investigado cómo compatibilizar la norma con la industria del automóvil y la cadena de valor europea, aunque no ha adoptado aún una postura oficial completamente unificada.
Por su parte, en España el Gobierno del Pedro Sánchez ha mantenido una posición de defensa de la fecha 2035, al menos públicamente, junto a Francia, frente a los países que reclaman mayor flexibilidad. No obstante, no se ha registrado recientemente una declaración personal del presidente sobre el asunto.
