Un radar caza a dos patrullas de la Guardia Civil cuando acudían a un atraco: cuatro agentes acaban ante el juez
Un radar fijo detectó a dos patrullas de la Guardia Civil circulando por encima del límite de velocidad cuando acudían de urgencia a un atraco a mano armada en Granada. Lo que parecía una incidencia fácilmente justificable terminó llevando a cuatro agentes ante el juez, aunque el procedimiento fue finalmente archivado tras acreditarse que estaban actuando en un servicio prioritario.
Dos coches de la Guardia Civil circulaban de madrugada hacia un atraco a mano armada en Granada cuando un radar fijo registró su exceso de velocidad. Lo que debería haber quedado justificado por tratarse de un servicio urgente terminó llevando a cuatro agentes ante un juez, en un procedimiento que finalmente fue archivado.
- De acudir a un atraco urgente a tener que declarar ante el juez
- Los vehículos prioritarios sí pueden superar los límites de velocidad
- Fiscalía y juzgado descartan responsabilidades
- De las multas no se libra ni la Guardia Civil
De acudir a un atraco urgente a tener que declarar ante el juez
Todo comenzó de madrugada, pasadas las tres, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) recibió el aviso de un atraco en curso en una localidad de Granada. Ante la gravedad de los hechos, las dos patrullas más próximas recibieron instrucciones para desplazarse con la máxima rapidez posible hasta el lugar.
Durante el trayecto, ambos vehículos oficiales superaron el límite de velocidad de la carretera y fueron fotografiados por un radar fijo. No se trataba, por tanto, de agentes circulando deprisa durante un desplazamiento rutinario, sino de dos patrullas movilizadas para atender una emergencia y tratar de impedir un delito violento.
El asunto, sin embargo, no terminó con la correspondiente justificación del servicio. El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Zona de Sevilla abrió diligencias penales para determinar quién conducía los vehículos y las circunstancias en las que se había producido el exceso de velocidad.
Aproximadamente mes y medio después, los cuatro guardias civiles tuvieron que comparecer ante el Juzgado de Guardia como investigados por un posible delito contra la seguridad vial. Según las informaciones publicadas sobre el caso, uno de ellos tuvo incluso que interrumpir sus vacaciones para acudir a declarar.
Los vehículos prioritarios sí pueden superar los límites de velocidad
El caso resulta especialmente llamativo porque el propio Reglamento General de Circulación contempla expresamente qué ocurre cuando un vehículo prioritario se encuentra atendiendo una emergencia.
El artículo 67 establece que los vehículos de servicios de urgencia, cuando actúan como tales, tienen prioridad y pueden circular por encima de los límites de velocidad bajo las condiciones previstas por la normativa. No supone, eso sí, una autorización para conducir de cualquier manera.
El artículo 68 añade que sus conductores pueden dejar de cumplir determinadas normas cuando resulte necesario, siempre bajo su responsabilidad y después de asegurarse de que no ponen en peligro al resto de usuarios. Los vehículos policiales en servicio urgente entran dentro de esta consideración de vehículos prioritarios y deben advertir de su presencia mediante la señalización correspondiente.
Por tanto, la clave no está simplemente en que el vehículo pertenezca a la Guardia Civil, sino en acreditar que realmente estaba participando en un servicio urgente y que se cumplían las condiciones exigidas.
Fiscalía y juzgado descartan responsabilidades
Tras analizar las circunstancias del desplazamiento, tanto la Fiscalía como la autoridad judicial descartaron finalmente que existiera responsabilidad penal por parte de los cuatro agentes y el procedimiento quedó archivado.
El episodio ha provocado las críticas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que considera insólito que una actuación de este tipo haya terminado llevando ante un juez a agentes que estaban respondiendo a una orden de emergencia. La asociación reclama un protocolo claro y uniforme que evite situaciones similares y aporte mayor seguridad jurídica a las patrullas.
De las multas no se libra ni la Guardia Civil
Que un radar fotografíe automáticamente a un coche patrulla es perfectamente comprensible: la cámara no sabe si delante tiene a un infractor o a unos agentes camino de un atraco. El problema aparece después.
Si existe una orden registrada de la central, un servicio urgente perfectamente identificable y documentación que demuestra por qué se circulaba a esa velocidad, resulta difícil entender que cuatro guardias tengan que llegar hasta un juzgado para explicar lo evidente.
El control sobre los vehículos oficiales debe existir, porque llevar un coche policial no puede convertirse en un salvoconducto permanente para incumplir las normas. Pero tan importante como controlar posibles abusos es disponer de mecanismos capaces de distinguirlos rápidamente de una emergencia real. De lo contrario, la burocracia puede terminar penalizando precisamente a quien intenta llegar cuanto antes cuando cada minuto cuenta.
