Las ayudas a la compra de coches eléctricos regresa en Alemania
Alemania pondrá a disposición 3.000 millones de euros para la compra de un coche eléctrico, aunque habrá condicionantes para ello
Tras meses de incertidumbre y una caída abrupta en las matriculaciones eléctricas, el Gobierno alemán da marcha atrás y retoma los subsidios directos al vehículo eléctrico. La histórica “Kaufprämie”, eliminada de forma repentina a finales de 2023, volverá con un perfil más selectivo: sólo estará disponible para hogares de ingresos bajos o medios.
El anuncio se filtró poco antes de un esperado cónclave en la Cancillería, donde el sector automovilístico y el Ejecutivo tenían previsto debatir la profunda crisis que atraviesa la industria. Según medios alemanes, el nuevo plan contará con una dotación inicial de 3.000 millones de euros, provenientes del Fondo de Clima y Transformación, reforzada con recursos del Fondo Social Climático europeo.
Mientras tanto, en España el Plan Moves 3 está agotado en muchas comunidades autónomas y la incertidumbre es máxima sobre el futuro de estas ayudas.
La retirada del incentivo a fines de 2023 provocó un efecto devastador: durante los primeros meses de 2024, el mercado eléctrico se desplomó, con descensos de hasta el 50 % en determinados segmentos. Hasta agosto de 2023, la ayuda había beneficiado tanto a flotas empresariales como a particulares, siendo un motor esencial del crecimiento del sector.
Esta vez, el programa busca rectificar el rumbo sin repetir errores antiguos. A diferencia de esquemas previos, la prioridad será facilitar el acceso a la movilidad eléctrica para quienes tienen menos capacidad económica. El pacto de coalición entre SPD y CDU/CSU señala que deben ofrecerse “ventajas tangibles para el consumidor” y no sólo respaldar cifras globales de ventas.
Será un plan plurianual, con horizonte hasta 2029, algo que brinda estabilidad para compradores y fabricantes. El diseño concreto aún no se ha finiquitado, pero ya se adelanta que habrá límites en el precio de los modelos subvencionables, y un control estricto de la renta de los beneficiarios.
En comparación, Francia ya ha implementado alternativas como el leasing social, que permite acceder a un vehículo eléctrico por menos de 100 euros mensuales para familias con ingresos más modestos. Alemania podría inspirarse en ese modelo o adoptar soluciones híbridas.
Aunque hay consenso en la necesidad de impulsar el mercado eléctrico, también persisten tensiones políticas. Uno de los puntos más controvertidos es el límite de emisiones cero de CO₂ previsto para 2035 en la UE, que sellará el fin de los motores térmicos convencionales.
En este punto, los partidos gobernantes no coinciden: la CSU insiste en la “libertad tecnológica” y en proteger empleos en la automoción tradicional, mientras que la SPD demanda cierta flexibilidad en la transición sin renunciar al objetivo climático.
La industria exige claridad y previsibilidad. En un escenario donde las inversiones en electrificación requieren certezas a largo plazo, la reactivación de los incentivos, aunque limitada, demuestra que el Ejecutivo reconoce que el impulso a la movilidad eléctrica no puede depender exclusivamente del mercado.
Alemania intenta corregir su rumbo: el coche eléctrico no puede seguir siendo un privilegio accesible para unos pocos. Sin respaldo institucional, la transición corre el riesgo de estancarse.
