Empiezan las restricciones más fuertes para los coches con etiqueta B

Foto de las diferentes etiquetas medioambientales de la DGT

Experto en movilidad eléctrica con más de 10 años de trayectoria analizando el sector.

Actualizado: 29/09/25 | 10:21

Lee muy atento si tienes un coche con etiqueta B, y es que habrá algunas localidades que no podrás entrar

Las limitaciones al tránsito de los coches más antiguos y contaminantes ya salen de los anuncios: en varias ciudades españolas están vigentes medidas que ponen trabas reales al paso de diésel con más de diez años (etiqueta B de la DGT) y turismos de gasolina anteriores a 2007. Lo que comenzó como una previsión normativa se está convirtiendo en una restricción cotidiana.

Este movimiento responde a la expansión reciente de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que entre 2024 y 2025 se han convertido en el instrumento principal para que los ayuntamientos reduzcan la contaminación urbana. Para ello apoyan su regulación precisamente en los distintivos asignados por la DGT, porque permiten clasificar a los vehículos según su nivel de emisiones y decidir quién puede o no entrar en zonas sensibles del casco urbano.

La etiqueta B —amarilla— corresponde a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados desde 2001, y diésel desde 2006. Muchos gobiernos locales toman este criterio como umbral para imponer restricciones. Aunque técnicamente es una definición administrativa, su traducción práctica es contundente: parte del parque automovilístico queda fuera de ciertas áreas centrales.

Aplicaciones heterogéneas según localidad

Un rasgo destacado en esta transformación es su desigual implantación territorial. Mientras municipios grandes como Madrid o Barcelona ya llevan años aplicando normativas ambientales, otras ciudades apenas están comenzando o se encuentran en fase de planificación.

Madrid opera bajo el esquema Madrid 360, que extiende la zona de bajas emisiones y añade criterios más estrictos para el acceso dentro de los perímetros más protegidos. Las etiquetas B o C pueden entrar al municipio en general, pero dentro de zonas como Distrito Centro o Plaza Elíptica su acceso está sujeto a que el vehículo se dirija a aparcamiento autorizado u otros condicionantes.
En Barcelona, la ZBE metropolitana ya aplica prohibiciones permanentes sobre vehículos sin distintivo y regula la circulación de otros según episodios de contaminación o criterios estructurales.
Ciudades como Bilbao han comenzado a vetar la circulación de vehículos con etiqueta B durante ciertos horarios (07:00–20:00 en laborables).
El municipio de Getafe ya prohíbe la entrada de vehículos con etiqueta B (desde el 27 de enero de 2025) al centro urbano salvo excepciones.
En Estepona (Málaga), la circulación de etiqueta B está prohibida con horarios definidos (por ejemplo, de 08:00 a 21:00) en la ZBE local.

El recuento que manejan medios especializados indica que ya más de treinta municipios han anunciado o activado restricciones para automóviles con etiqueta B en sus ZBE. En algunas comunidades, como Cataluña, se ha planteado un calendario ambicioso para que la prohibición de circulación de B sea generalizada entre 2026 y 2028.

Que significa para conductores y para la movilidad urbana

Para el ciudadano de a pie, las consecuencias son claras: zonas habituales de circulación pueden quedar vedadas, la opción de aparcar puede volverse más limitada, y quien use su vehículo sin adaptar su etiqueta puede exponerse a sanciones. Para aliviar ese impacto, muchos ayuntamientos han previsto periodos transitorios, excepciones (para residentes, suministros, servicios esenciales) o ayudas (bonos, subvenciones o planes de achatarramiento). Sin embargo, la naturaleza concreta de esas medidas (quién puede acogerse, cuánto duran, montos) difiere de un sitio a otro.

Desde el punto de vista empresarial, las flotas ya aceleran su reemplazo hacia vehículos eléctricos, híbridos enchufables o unidades con distintivos C y ECO, para asegurar operatividad dentro de los territorios regulados. En el plano ambiental, las ZBE persiguen una reducción de emisiones de dióxido de nitrógeno (NO₂) y partículas finas, contribuyendo a mejor salud pública y a la descarbonización del transporte urbano.

Pero el desafío es multidimensional: es vital proporcionar una red adecuada de recarga eléctrica, plantear medidas sociales para evitar impactos desproporcionados en hogares con menos recursos, y resolver posibles contenciosos jurídicos ante colectivos o asociaciones que reclamen ante ordenanzas locales. En lo técnico, el control a través de cámaras lectoras de matrícula debe ser preciso y confiable, y es imprescindible acompañarlo con campañas informativas que reduzcan sanciones por desconocimiento.