Lo veíamos venir, impuesto al coche eléctrico para compensar lo no recaudado con los de gasolina
Reino Unido prepara lo que será un impuesto específico para el coche eléctrico e híbridos, algo que se espera que hagan también el resto de países en algún momento
El Gobierno británico se prepara para introducir un nuevo modelo fiscal que afectará directamente a los propietarios de vehículos eléctricos. La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, está ultimando un plan que será presentado en los presupuestos del próximo 26 de noviembre, con el que se pretende aplicar una tasa por cada kilómetro recorrido. Esta medida, que entraría en vigor en 2028, responde a la necesidad de compensar el progresivo descenso de ingresos públicos por los impuestos sobre carburantes, a medida que los automóviles de combustión interna pierden protagonismo frente a los eléctricos.
La iniciativa prevé una tarifa estimada de tres peniques por milla —aproximadamente 0,03 libras o 0,03 euros por cada 1,6 kilómetros recorridos— lo que supondría un gasto anual adicional de unas 250 libras (unos 285 euros) para un conductor medio. Las proyecciones del Tesoro británico apuntan a que este nuevo sistema podría generar alrededor de 1.800 millones de libras anuales (unos 2.050 millones de euros) a comienzos de la década de 2030, cuando se espera que el parque de eléctricos alcance los seis millones de unidades.
Una reforma fiscal urgente en un contexto de transición energética
La implantación masiva del vehículo eléctrico está alterando de forma profunda los pilares sobre los que se sustenta el sistema tributario del automóvil en Reino Unido. El impuesto sobre los combustibles, conocido como “fuel duty”, representa hoy una de las principales fuentes de ingresos del Estado, aportando cerca de 25.000 millones de libras al año (unos 29.000 millones de euros). Sin embargo, esta cifra se verá drásticamente reducida en las próximas décadas. De hecho, las estimaciones oficiales prevén una caída de hasta 12.000 millones de libras anuales (unos 14.000 millones de euros) en ingresos por carburantes de aquí a 2040 si no se adoptan medidas correctivas.
Solo por la disminución del impuesto al combustible, actualmente situado en 52,95 peniques por litro, el Tesoro calcula que se generará un agujero fiscal de entre 10.000 y 12.000 millones de libras en los próximos años. A esto se suma un desfase presupuestario global que podría alcanzar entre 20.000 y 30.000 millones de libras (22.800 y 34.200 millones de euros), una situación que, según fuentes del Ejecutivo, exige una transformación del modelo tributario para asegurar su sostenibilidad.
¿Cómo funcionará el nuevo modelo?
La propuesta que estudia el Gobierno contempla que los conductores declaren anualmente un kilometraje estimado —posiblemente durante el proceso de pago del impuesto de circulación (VED, por sus siglas en inglés)— y abonen por adelantado la tasa correspondiente. Posteriormente, este dato sería contrastado con las lecturas del cuentakilómetros durante la inspección técnica obligatoria (equivalente a la ITV), ajustándose el importe si se detectan discrepancias significativas.
Aunque todavía no se conocen todos los detalles, la intención es abrir un proceso de consulta pública antes de su implantación definitiva, prevista para 2028. El Gobierno insiste en que esta tasa no sustituirá el impuesto de circulación, sino que se sumará a él, lo que ha llevado a varios analistas a referirse al modelo como una especie de “VED+” específicamente diseñado para los vehículos eléctricos.
Críticas desde la industria y el ámbito político
La reacción al anuncio no se ha hecho esperar. Asociaciones como la AA (Automobile Association) han alertado de que esta nueva tasa podría perjudicar especialmente a los conductores que dependen del vehículo para trabajar, especialmente en zonas rurales donde las alternativas de transporte público son limitadas. Asimismo, señalan que este tipo de medidas puede frenar el ritmo de adopción de los eléctricos, justo en un momento en que el mercado aún se encuentra en fase de consolidación.
Desde la patronal de fabricantes SMMT, así como desde empresas de renting y flotas, se advierte que imponer más cargas fiscales a los eléctricos podría enviar un mensaje contradictorio a los consumidores, especialmente cuando las ventas no alcanzan todavía los objetivos oficiales y la infraestructura de recarga rápida sigue siendo insuficiente.
En el plano político, los conservadores han acusado a Rachel Reeves de utilizar a los automovilistas como una “fuente de recaudación fácil” para tapar el déficit público. El diario The Independent recogía esta semana declaraciones de varios diputados que consideran que aplicar un nuevo impuesto en plena crisis del coste de vida podría ser contraproducente y socialmente injusto.
El equilibrio entre sostenibilidad fiscal e impulso al eléctrico
A pesar de las críticas, desde el Gobierno se insiste en que esta medida no supone un giro en su compromiso con la electrificación del transporte. De hecho, recuerdan que se han destinado unos 4.000 millones de libras (4.680 millones de euros) para incentivar la movilidad eléctrica, incluyendo subvenciones de hasta 3.750 libras por vehículo (unos 4.388 euros) y ayudas para la instalación de puntos de carga tanto en el ámbito doméstico como en espacios públicos.
El argumento oficial es que resulta insostenible mantener a los vehículos eléctricos prácticamente exentos de impuestos mientras que los de combustión continúan soportando la mayor parte de la carga fiscal. En este sentido, el nuevo esquema busca repartir de forma más equitativa la contribución de todos los usuarios a la red de infraestructuras viarias, independientemente del tipo de propulsión.
Una transición compleja que marcará el futuro del automóvil
El debate abierto en Reino Unido refleja el reto al que se enfrentan muchos países europeos: cómo financiar el mantenimiento de las infraestructuras y sostener los ingresos fiscales sin penalizar el avance de la movilidad eléctrica. Si bien la tasa por kilómetro puede parecer razonable desde el punto de vista presupuestario, su diseño final será clave para no desincentivar una transición energética que, por ahora, aún necesita del impulso público para consolidarse.
El próximo 26 de noviembre se conocerán más detalles sobre esta propuesta, pero el debate ya está sobre la mesa. El equilibrio entre sostenibilidad fiscal y ambición climática será, sin duda, uno de los grandes retos de la próxima década.
