El Gobierno de España quiere prohibir los anuncios de coches de gasolina y diésel
En poco tiempo es posible que dejes de ver anuncios en la TV de coches de gasolina y diésel en España y todo por una nueva ley
El Gobierno español da un paso más en su estrategia para reducir el impacto medioambiental del consumo con la aprobación del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible. Esta nueva normativa, presentada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, contempla una serie de restricciones inéditas que afectarán directamente a sectores tan relevantes como la automoción, el transporte aéreo o la publicidad comercial.
Una de las medidas más contundentes de esta futura ley es la prohibición de toda publicidad relacionada con vehículos propulsados exclusivamente por combustibles fósiles, es decir, coches de gasolina y diésel. Con esta decisión, el Ejecutivo busca reducir la promoción de tecnologías altamente contaminantes, alineándose con los objetivos europeos de descarbonización, que ya contemplan el fin de la venta de estos modelos en 2035.
La restricción será aplicable únicamente a los anuncios de automóviles que no incorporen ninguna tecnología de propulsión alternativa —como la hibridación o la electrificación parcial— y provengan de compañías vinculadas a sectores como el del petróleo o el carbón. El gas, por su parte, queda excluido de esta limitación. Esta decisión no solo representa un golpe simbólico para el motor térmico, sino también una transformación en la estrategia publicitaria de la industria, que sigue siendo una de las más potentes en inversión publicitaria en España, con más de 353 millones de euros anuales.
No obstante, y aunque el impacto de la norma puede parecer mayúsculo, conviene señalar que muchas marcas automotrices ya están centrando sus campañas en modelos híbridos y eléctricos, lo que suaviza el efecto inmediato de la medida. Grupos como Stellantis o Volkswagen, entre los mayores anunciantes del país, llevan meses desplazando su comunicación hacia modelos de bajas o nulas emisiones.
Más allá del sector del automóvil, la Ley de Consumo Sostenible también impone límites a otros tipos de publicidad considerados perjudiciales para la transición ecológica o la ética comercial. Entre ellos, se incluye la promoción de vuelos cortos dentro de la península, que serán prohibidos siempre que exista una alternativa de transporte más limpia cuya duración no supere en más de dos horas y media al trayecto aéreo.
El texto legislativo también lanza un mensaje claro contra el llamado greenwashing o “ecopostureo”, prohibiendo expresamente que las empresas utilicen afirmaciones vagas o no verificables como “amigo del medio ambiente”, “verde” o “biodegradable” en sus productos y etiquetas. El objetivo es proteger al consumidor frente a mensajes engañosos que presentan productos como sostenibles sin base científica ni comprobación.
Otra novedad es la regulación de la conocida como “publicidad del miedo”, que apunta especialmente a aseguradoras y empresas de seguridad. Estas no podrán emitir anuncios alarmistas o centrados en el miedo a la okupación si no se respaldan con datos objetivos y verificables. De lo contrario, se considerarán prácticas abusivas.
La normativa incorpora además avances en derechos del consumidor, como el refuerzo del derecho a reparar productos —impidiendo que se penalice a quienes usen piezas no oficiales—, la obligación de mantener piezas de recambio durante al menos 10 años, y la creación de una plataforma digital que conecte gratuitamente con reparadores de confianza.
También se introduce la obligación de informar sobre la “reduflación”, esto es, la reducción del contenido de un producto sin variar su precio, y se actúa contra la obsolescencia programada, obligando a los fabricantes a comunicar con claridad durante cuánto tiempo un producto recibirá actualizaciones de software.
En palabras del ministro Bustinduy, esta ley no solo pretende regular la publicidad, sino “favorecer una transformación industrial justa, responsable y competitiva”, que ponga el foco en el interés colectivo y en la equidad social frente a los abusos del mercado.
La iniciativa, que ahora inicia su trámite parlamentario, podría incorporar nuevas medidas fiscales para que quienes más contaminan asuman una mayor responsabilidad en la transición ecológica. Su objetivo final es claro: redefinir el consumo bajo parámetros de sostenibilidad, transparencia y justicia social.
